20 MAYO 2016 

Nicolás Uribe Rueda

Sería absurdo no entender que al Gobierno le compete garantizar que la guerrilla se desmovilice y que a las Farc les preocupan las garantías de seguridad, por solo mencionar un caso. Es apenas natural, por tanto, que se elija una fórmula de blindaje y otra de verificación de los acuerdos.

Ahora bien, los negociadores han elegido una fórmula de obligar el cumplimiento de los acuerdos que, por decir lo menos, resulta controversial y atípica. Como sabemos, se decidió sacar adelante la idea de incorporar la integridad de los acuerdos al denominado “bloque de constitucionalidad” y se renunció por esta vía a la implementación legal, política o reglamentaria particular de cada uno de los temas.

Lo anterior claramente supone un debate jurídico, y traslada la discusión política a la eminentemente técnica. El bloque de constitucionalidad no es otra cosa que un conjunto de disposiciones ajenas a la Constitución, que por mención expresa de la propia carta constitucional se integran a ella, permitiendo, entre otras cosas, elevar el rango de algunos derechos, incluir elementos de interpretación en los juicios de constitucionalidad y de amparo, como también establecer parámetros para el control de constitucionalidad de las leyes. Por supuesto, la jurisprudencia y la doctrina han profundizado en la descripción de este concepto y relatan sus oportunidades y sus riesgos.En la práctica, el Acto Legislativo para la Paz que se tramita en el Congreso establece expresamente que lo acordado entre las partes hará parte del bloque de constitucionalidad y que para este efecto debe incorporarse en una ley que tendrá control automático y único ante la Corte Constitucional. De esta forma, los acuerdos tendrán el mismo nivel que el preámbulo de la Constitución, los tratados de límites, los de derecho internacional humanitario y los tratados de derechos humanos, siempre que hayan sido ratificados por Colombia.Hasta ahí, pese a la poca difusión de lo que el bloque constitucional implica, incluso entre los propios jueces y abogados, la cosa es más o menos clara. Sin embargo, en lo concreto surgen preguntas sobre las consecuencias de la incorporación de estos acuerdos en el bloque de constitucionalidad. Aquí van apenas algunas para la reflexión individual:
• ¿La Corte Constitucional podrá estudiar el contenido de los acuerdos o solamente examinará de forma la ley mediante la cual se van a incorporar al bloque de constitucionalidad?
• Una vez en el bloque de constitucionalidad, y en caso de contradicción entre disposición constitucional y los acuerdos de La Habana, ¿cuál prevalecerá?
• ¿Los acuerdos de La Habana servirán para interpretar y declarar la exequibilidad de las leyes, como sucede actualmente con los tratados internacionales?
• ¿Podrá un juez de tutela reconocer derechos a personas con ocasión de los acuerdos de La Habana? ¿Habrá tutelatones?
• ¿Cuántas leyes deberán modificarse con ocasión de los acuerdos?
• ¿Se constitucionalizan las agencias, los planes y programas sectoriales que están en los acuerdos?

• ¿Podrán reformarse los acuerdos exclusivamente mediante actos legislativos, aun cuando estos traten de planes, programas y políticas públicas?

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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