Autor: Nicolás Uribe Rueda

Vivimos hablando de las TIC, de su necesaria apropiación en la vida cotidiana, de la forma en que podemos ahorrar tiempo y dinero, de la importancia de que el Estado sea ágil en brindar información, en unificar sistemas, y hasta soñamos con la idea de poner a la tecnología como herramienta líder en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, cuando el Estado se decide en serio a usar las TIC para ahorrar plata y hacernos la vida más fácil, salimos a oponernos soterradamente con toda clase de improcedentes argumentos; parecemos tirados como vaca muerta en la autopista de las transformaciones tecnológicas, sin entender que ya no todo se hace con papel y lápiz.

Para darles una idea, ese censo casa a casa, que ahora tantos parecen extrañar y que buscan convertir en patrimonio de seriedad de la información estadística, requiere la contratación de más de 30.000 censistas, la capacitación de 75.000 personas, la impresión de 1’200.000 mapas, la compra de miles de aparatos de captura de datos, la distribución del equipo para los empadronadores y la contratación de una logística desproporcionada que garantice la recolección de la dotación, la transmisión de la información y la verificación de la captura de datos de cerca de 14 millones de hogares que deben visitarse uno a uno. Facilito e infalible, ¿no?

En Colombia el paro y la protesta son el pan de cada día. Con razón o sin ella, protestan los maestros y los estudiantes, los pilotos y los controladores aéreos, los jueces y los reclusos, los campesinos, los indígenas, las negritudes, los transportadores, los cocaleros, los arroceros, los mineros ilegales, los usuarios de sistemas de transporte, los taxistas, los bicitaxistas, los mototaxistas, y los moteros; así como también lo hacen los comerciantes, los recicladores, los de la salud y los del petróleo, los empleados de los bancos, y con el mismo derecho, protestan también las prostitutas.

Con frecuencia, además, las protestas terminan en desmanes, en la avería de monumentos, en el deterioro de paredes, en enfrentamientos con la policía, en la destrucción de vías, en la obstrucción de carreteras y en la quema de camiones. Los abusos pocas veces concluyen en sanciones y las fechorías se absuelven sin reparos. La verdad, es que en Colombia el derecho a protestar, a pesar de estar reglado, se ejerce casi siempre, de manera casi ilimitada.

Este artículo fue elaborado para hacer parte de las Memorias del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se realizó en la ciudad de Pasto en Septiembre de 2017. En este encuentro Nicolás Uribe participó como Moderador de Panel sobre Participación Ciudadana

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Por:

Nicolas Uribe.

 

 

La constitución del año 91 estableció un nuevo paradigma institucional en muchos frentes al consagrar que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, participativa y pluralista (art 1). Fue contundente en afirmar que la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación hace parte de los fines esenciales del Estado y no deja duda sobre la importancia del individuo, al mencionar que la soberanía reside en el pueblo y que son los ciudadanos quienes la ejercen de manera directa o indirecta a través de los mecanismos que define la constitución (art 3.)

Esta nueva concepción constitucional se materializa en su artículo 40 al establecer el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (voto, partidos políticos, acciones públicas, iniciativa normativa, entre otros), y en el Título IV dentro del cual se desarrolla el marco general de la participación democrática. Particularmente, el artículo 103 consagró los mecanismos de participación al servicio del ciudadano y la materialización de sus derechos: El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La voluntad del constituyente quiso que Colombia hiciera el tránsito de una democracia puramente representativa a una participativa, en el marco de la cual los individuos fueran actores constantes y visibles en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia, de modo tal que se superara la idea de que la participación iniciaba y terminaba con el voto, con el derecho a elegir y a ser elegido[1].

Desde entonces, la Corte Constitucional ha venido desarrollando jurisprudencia y doctrina alrededor del principio de la participación en la constitución, y en numerosas sentencias se ha referido a los mecanismos de participación en abstracto y en concreto, casi siempre poniendo énfasis en la relevancia de estos instrumentos y su valor para la configuración de una nación democrática en donde los ciudadanos son activos determinadores de su destino común[2]. En este sentido ha sostenido que la democracia participativa no sólo es bondadosa para el ciudadano, sino que también tiene un efecto favorable para el sistema político, el cual puede alcanzar niveles mayores de eficiencia, pues “un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados[3]

Como es natural, la Corte ha sido fiel escudera de la participación y ha favorecido su profundización buscando extender sus alcances a temas y asuntos que incluso los constituyentes nunca tuvieron presentes. La Corte a lo largo de estos años advierte que “el principio democrático debe ampliarse progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de los derechos políticos”.[4]

Revista Semana – Enero 24 2018

 

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A cuatro meses de la primera vuelta electoral, todavía no están siquiera definidos los candidatos que llegarán a mayo, y entre el montón de aspiraciones que ya afortunadamente han venido decantándose, por lo menos cinco, de acuerdo con las encuestas, tendrían posibilidades reales de llegar a la Casa de Nariño.


Y si bien hay muchos factores que servirían para analizar el probable comportamiento del electorado respecto de los candidatos, la categoría que se impone en la opinión es la de etiquetar a cada cual en la izquierda o la derecha. Lo anterior, no solo por la costumbre, sino también por la herencia polarizadora del plebiscito y por los propios coqueteos públicos de los candidatos con sus afines ideológicos en el proceso de formación de coaliciones. Debemos reconocer que, aunque a la gente le importa mucho el empleo, la salud y la lucha contra la corrupción, es difícil encontrar algo que entusiasme y apasione más al electorado en las actuales circunstancias que el proceso con las Farc y todas sus derivaciones.


Así las cosas, la derecha llegará a la primera vuelta con Germán Vargas y el candidato que resulte ganador de la coalición de los expresidentes. Las encuestas, más temprano que tarde, definirán la supervivencia de Viviane Morales y de Juan Carlos Pinzón.


Aunque variopintos, son muchos más los candidatos que se disputarán los votos de la izquierda: Petro que obtuvo 1,4 millones en 2010 y luego fue alcalde; Clara López que logró 2 millones en 2014 y De la Calle que ganó la consulta liberal con 365.000 sufragios. También está Fajardo, que puntea en las encuestas, y quien, sin haber hecho gobiernos de izquierda, quedó matriculado irremediablemente en esta línea cuando convirtió a Robledo y a Claudia López en sus principales escuderos.

26 Ene 2018 – 10:00 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda

 Foto Guillermo Torres revista Semana

Estamos entrando por fin en el momento de definiciones programáticas de cada uno de los candidatos presidenciales. De aquí en adelante empieza a acabarse el espacio para las ambigüedades, los lugares comunes y el silencio. La hoja de vida será evaluada, se revisará su conocimiento del país y la profundidad de sus declaraciones. Espantando como maleza la suciedad de la campaña que se viene, cada uno buscará conocer a fondo a su candidato y descartar también a los demás al escudriñar su vida y obras. Así, cada uno de nosotros definirá su voto.

Pero ¿quiénes somos nosotros? Muchas de estas respuestas están en la última encuesta de cultura política del DANE, publicada a finales de 2017, en donde más de 25.000 personas fueron preguntadas sobre su manera de entender y evaluar la democracia colombiana.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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En febrero de 2013 Raúl Castro se reeligió para un nuevo mandato de cinco años que anunció sería el último. Dos años después, se refirió al tema y reiteró su decisión afirmando que no llegaría a tatarabuelo desde el poder, que los cubanos podrían cansarse de él y que por tanto el 24 de febrero de 2018 se dedicaría a atender a su familia. El pasado 21 de diciembre, sin embargo, el régimen decidió aplazar por dos meses el retiro del dictador de 86 años y confirmó para el 19 de abril, día en el que se conmemora el fracaso de la invasión de la bahía de Cochinos, la nueva fecha para el retiro del señor Castro. La explicación, poco fiable, como todo lo que a la postre se incluye en las declaraciones oficiales del régimen, estuvo asociada a los destrozos del huracán Irma: “El azote del huracán es un acontecimiento imprevisible, excepcional e imposible de evitar, y estas razones del hecho acontecido devienen en causa sobrevenida que fundamenta la necesidad de extender el término del mandato de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su VIII Legislatura”, manifestó el vocero de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea cubana.

Lo cierto, sin embargo, es que los candidatos a la Asamblea Nacional, que “eligen” al Consejo de Estado, que a su vez nombra al presidente de la isla, no han solicitado 54 días de licencia para irse de retiro social voluntario con el propósito de contribuir en las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán. La realidad es que el plan de transición de Raúl, estructurado de manera minuciosa durante tantos años, parece no estar funcionando y se enfrenta, de manera irremediable, a una realidad inevitable: no hay forma de garantizar la continuidad de un régimen totalitario de carácter hereditario y personalista cuando desaparece el tirano.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Antes de que acabara el año, anoté con ilusión mis aspiraciones personales para el 2018 y confieso que me esforzaré para cumplirlas. Asimismo, hice mis propósitos, y espero alcanzarlos, como también pretendo desatrasarme de algunos que llevo en las alforjas de años anteriores.

Me dediqué luego a labores de pitonisa, saqué en limpio algunas de mis predicciones para 2018 y finalmente decidí atreverme y compartirlas con ustedes. Advierto, eso sí, que son pocas las posibilidades de acertar, pues como ya sabemos, Colombia se supera a cada instante, y aquello que nos parecía imposible se vuelve en breve nuestro pan de cada día. Ahí les dejo, pues, algunos de estos temas que valdría la pena tener en el radar:

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Con el arranque de la campaña presidencial ya estamos viendo documentos y propuestas concretas en materia de salud, educación, pensiones, infraestructura, seguridad, productividad y tantas cosas más. Para ser francos, los electores vamos a contar con una amplia baraja de candidatos que representan posturas diversas sobre los problemas nacionales; desde aquellos que se inspiran y se nutren del socialismo del siglo XXI, hasta quienes defienden el mercado y las libertades individuales. Lo cierto es que hay candidatos para todos los gustos y de todos los pelambres.

Es poco probable, sin embargo, que la gente decida su voto en razón a alguna propuesta temática específica y, por el contrario, es previsible que la implementación de los acuerdos de La Habana y la lucha contra la corrupción sean no sólo los asuntos más visibles durante la campaña, sino también los factores decisivos en la conformación de la voluntad electoral de los ciudadanos. A ello contribuyen el desafío cínico y sistemático de las Farc a la verdad y a la inteligencia de la gente y la presencia diaria de escándalos de corrupción que afectan a todos los poderes públicos.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El jueves pasado terminó el plazo que había creado el Acto Legislativo No. 1 de 2016 para que el Congreso aprobara de manera abreviada y en trámite especial las normas y reformas constitucionales que requería la implementación del acuerdo de paz de La Habana.

Desde el 1º de diciembre del año pasado y hasta hace dos días se presentaron en el Congreso 22 proyectos de ley y acto legislativo. Fueron en total siete reformas constitucionales, 11 leyes ordinarias, dos leyes estatutarias y dos orgánicas.

Durante este periodo se aprobaron 11 normas, entre las cuales están el estatuto de la oposición, las normas que reglamentan la JEP (reforma constitucional y ley estatutaria), la ley de innovación agropecuaria y la reforma constitucional de monopolio de armas. También culminaron su trámite la norma que busca blindar los acuerdos de La Habana por tres periodos constitucionales, la ley de amnistía y la reforma constitucional que garantiza las diez curules al partido de las Farc durante dos periodos constitucionales. Se retiraron o archivaron tres proyectos, en donde se destaca la reforma política, que terminó hundida al no poder superar la tentación de ser utilizada para adecuar la Constitución al interés particular de algunos políticos en las próximas elecciones. El resto, es decir siete, se quedaron a mitad del camino y será el Congreso quien determine su trámite y si es necesario retirarlos o si debe continuar su discusión en medio de la combinación de trámites ordinario y especial.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Desde que empezaron a publicarse borradores sobre los acuerdos de La Habana, he venido comentando algunos temas que considero pueden significar una amenaza real para el desarrollo de Colombia. He expresado, por ejemplo, el riesgo de la desinstitucionalización por la vía de la creación de espacios participativos comunitarios paraestatales, y comentado asuntos concretos que postran el desarrollo agropecuario. Sin embargo, ha sido difícil plantear discusiones de altura, cuando de entrada se supone que detrás de las palabras existe una agenda política que se escuda en cualquier cosa para oponerse por principio a una negociación de paz con las Farc. Ahí la discusión muere y generalmente arrancan las descalificaciones.

Sin embargo, hay un elemento que no deja de sorprenderme y es el buenismo que existe entre algunos a la hora de interpretar el comportamiento de las Farc, una vez entradas en democracia. Para los buenistas, ese grupo de personas para las cuales pensar mal resulta políticamente incorrecto, los miembros de las Farc, una vez dejaron las armas, también de facto se desprendieron de la cultura de la ilegalidad en la que vivían y adoptaron los códigos éticos, morales y legales propios de los ciudadanos de bien, personas que participan en democracia, buscan vivir en paz, respetan las señales de tránsito, pagan sus impuestos, no compran contrabando y trabajan honradamente para sacar a sus familias adelante.