Autor: Nicolás Uribe Rueda

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Luego de que en España las autoridades detuvieran a más de diez personas por exaltación de actos terroristas en redes sociales, todos ellos en el País Vasco y Navarra, los panelistas de Mañanas BLU debatieron frente a si se debe o no judicializar a tuiteros que hagan apología al terrorismo o se burlen de actos de lesa humanidad.

Enrique Rodríguez, desde España, señaló que los detenidos son los autores de frases que rebasan el derecho a la libertad de expresión, pero aquellos que replicaron los trinos no serán judicializados.

El caso contrasta con el proceso judicial que enfrentó Nicolás Castro, acusado de amenazar por Facebook en 2011 a Jerónimo Uribe, hijo del expresidenteÁlvaro Uribe. Néstor Morales, indicó que “este fue un caso excepcional, y funcionó porque se metió con el hijo de quien, en ese momento, era el hombre más poderoso del país”.

“El caso de Miguel Ángel Blanco en España es un referente de la crueldad deETA y todos los ciudadanos españoles entienden lo que significó la muerte de este concejal, quien convocó a cientos de marchas multitudinarias”; en ese sentido, en Colombia ocurren casos de magnitud similar como la burla haciaClara Rojas por parte de las Farc, o el poner en duda hechos evidentes como secuestros y asesinatos, señaló María Alejandra Villamizar.

Por su parte, Enrique Rodríguez señaló que la polémica en España surge no sólo por las críticas a los ofensivos mensajes, sino también por quienes critican la razón de judicializar este caso y no otros, como la apología a la dictadura de Francisco Franco.

Finalmente, Nicolás Uribe añadió que este caso sobrepasa el simple debate sobre la libre expresión, pues “aquí lo que hay es una acción reiterada de mensajes que atacan a víctimas de un conflicto por parte de gente que de manera sistemática se convierte en caja de resonancia de mensajes violentos o en favor de actividades terroristas”.

Nicolás Uribe Rueda

Por: Nicolás Uribe Rueda

El concepto del buen vivir ha irrumpido en la vida política colombiana sin que muchos se percaten. No se trata simplemente de un postulado retórico para llamar distinto al bienestar o para referirse a un estado de felicidad. El sumak kawsay (Ecuador) y el suma qamaña (Bolivia), traducidos como “buen vivir” y “vivir bien”, son conceptos de origen indígena que plantean una aproximación particular del hombre con la sociedad, la naturaleza y el mercado. El sumak kawsay hace parte de la cosmovisión indígena sobre el mejoramiento social y se distancia de la idea de la acumulación de bienes materiales como determinante principal del desarrollo, integrando códigos éticos alternativos y criterios como el de la relación del hombre con su entorno.

¿Cumplirá Panamá su compromiso con Colombia?: análisis

Nicolás Uribe considera que el país ganó en su pulso con el istmo en el tema de los paraísos fiscales. Aurelio Suárez cree que aún hay temas pendientes.

 

 

 

Uribe se equivoca en no aceptar invitación del presidente: Aurelio Suárez

El analista de Blu Radio cree que, tarde o temprano, el expresidente tendrá que aceptar que Colombia está en un proceso de paz que requiere su participación.

Nicolás Uribe Rueda

Tal como lo anuncié en anterior columna, hoy presento algunas de mis impresiones sobre el borrador firmado entre el Gobierno y las Farc en materia de participación política.

En primer lugar, vale la pena advertir que, a pesar de su nombre, el acuerdo no aborda la cuestión fundamental sobre la habilitación de los miembros de las Farc para la actividad política. Este tema será tocado cuando se llegue al punto sobre “el fin del conflicto” y es ahí donde se acordarán la suerte y condiciones de jefes y combatientes que quieran dedicarse a la política. En segundo lugar, es necesario mencionar que este acuerdo no tiene como objetivo fundamental abrir espacios formales para la participación de los miembros de las Farc en el Congreso, asambleas o concejos municipales. Salvo la concreta alusión a las circunscripciones transitorias especiales de paz (cuyo número aún no se define), no hay una sola concesión directa a las Farc, para que por derecho propio y sin pasar por las urnas puedan llegar a corporaciones públicas o cargos uninominales de elección popular.

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Los panelistas de Mañanas BLU debatieron acerca de la condición de víctimas tanto para militares como para guerrilleros en medio de la discusión de este punto en los diálogos que se adelantan en La Habana y la reunión de víctimas que se lleva a cabo en Cali.

Para Nicolás Uribe, la posición de las Farc de incluir a los guerrilleros entre las víctimas del conflicto, “es una estrategia para presentar al Estado frente a la ciudadanía, como uno de los culpables”. Según el exrepresentante,  es “inaceptable que se compare a un militar con un guerrillero”.

Por su parte, Héctor Riveros aseguró que en el marco de un conflicto armado “se reconoce que hay combatientes de un lado y otro. Infortunadamente casi que se permite matar, dándose a entender que no son víctimas sino delitos de guerra”.

Sandra Borda considera que las víctimas son “el resultado de violaciones del Derecho Internacional Humanitario, sean de las Farc o sean de las Fuerzas Militares”, aunque certificó que no todos los miembros del grupo subversivo tienen que entrar como mártires.

NIcolás Uribe Rueda

Lo dijo de manera elocuente el negociador De la Calle en reciente columna publicada esta semana: la discusión civilizada sobre el proceso de paz no sólo es inevitable sino conveniente en un momento en el que se toman decisiones verdaderamente dramáticas para el futuro de Colombia.

Ahora bien, publicado el texto de lo acordado hasta el momento, lo natural es que la discusión ciudadana supere la superficialidad del debate “guerra o paz”, y se adentre en el análisis pormenorizado de los puntos acordados. Con este propósito, me permito respetuosamente formular unas preguntas sobre el primero de los acuerdos publicados, aquel que se refiere a una reforma rural integral.

Nicolás Uribe Rueda

Desde el año 91, aquella Constitución que muchos califican como obra maestra de la institucionalidad democrática ha sido reformada 39 veces.

Sumadas todas las reformas, son más de 124 artículos (32% de la Constitución) los que han tenido cambios en apenas 23 años. A la Constitución del 91 sólo le queda el esqueleto y ya no rige como la concibieron sus autores. Fueron los Congresos subsiguientes, motivados principalmente por el Ejecutivo, los que han venido definiendo el marco constitucional que hoy se aplica en Colombia. Y si bien hay que reconocer a la Carta sus aciertos fundamentales, como por ejemplo la acción de tutela, en lo que parece haber consenso en la actualidad es que el modelo institucional diseñado en el 91 está en aprietos.

SEPTIEMBRE 01 – 2014 – 09:20 AM / DURACIÓN: 0:22:32

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La guerrilla de las Farc, por medio de un comunicado, negó que “el proceso esté en la recta final”, por lo que los panelistas de Mañanas BLU debatieron frente a si de hecho estamos cerca a un acuerdo definitivo como lo dice el Gobierno o si está creando falsas expectativas respecto a los avances en el proceso de paz.

La periodista Maria Alejandra Villamizar señaló que esto hace parte de todo el panorama general de una negociación que además no se ha firmado y que sigue siendo entre enemigos.  “Ni el Estado va a hacer las concesiones ni está esperando a que las Farc se acople a todas lo que quisieran en la mesa (…) Las Farc no considera que se ha hablado de los términos de desmovilización ni transición según el comunicado, y sobre todo le ‘jalan las orejas’ al Gobierno con algo que seguramente para el grupo guerrillero tendrá un sentido y es que nada está acordado hasta que todo esté acordado”, dijo Villamizar.

Por otro lado, Nicolás Uribe dijo que “es desastroso es que cada vez que las Farc se manifiestan lo hacen o poniendo bombas y matando policías o expidiendo comunicados de esta naturaleza que expresan la dificultad que tienen para entender que el Estado está dispuesto a hacer todo para que ellos se reinserten, y sin embargo, ellos ni en esas condiciones lo aceptan”.

Nicolás Uribe Rueda

En democracia, es inherente el derecho de la prensa a vigilar los tres poderes públicos y a quienes son sus operadores cotidianos.

 Nadie puede alegar, siendo servidor o funcionario público, el privilegio de abstraer su tarea del control ciudadano y del escrutinio público. Aún la justicia penal, que obra inicialmente sobre los principios de reserva, una vez llegado el juicio tiene como valor la publicidad del comportamiento de los actores procesales, el descubrimiento de las pruebas y finalmente la providencia de jueces siempre está abierta a la crítica.