Autor: Nicolás Uribe Rueda

Después de la Controversia sobre el tratamiento de la JEP al delito de secuestro, calificándolo como secuestro político, parece que la JEP ha corregido. En publicaciones posteriores parece haber decidido no calificar como político el secuestro. EL DEBATE VALIÓ LA PENA

 

Así empezó todo

En el ejercicio de sus competencias, desde hace algunos meses, la Jurisdicción Especial  para la Paz (JEP) viene desarrollando una serie de audiencias con víctimas del secuestro.

Estos eventos son publicitados por las redes sociales de la JEP de diversas maneras, como entrega de informes, audiencia o comparecencias. Independientemente del tipo de evento, la JEP  decidió denominar como SECUESTRO POLÍTICO el delito sobre el cual deberían rendir sus informes o declaraciones las víctimas del secuestro.

 

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Así por lo menos quedó impreso en varias  publicaciones de la JEP en donde actores políticos fueron invitados a declarar sobre la horrenda experiencia que vivieron ellos o sus familiares, muchos de los cuales fueron luego masacrados por sus secuestradores. Así las cosas, decidí preguntar a la JEP la razón por la cual denominaban así a este crimen de lesa humanidad, en tanto que este tratamiento de SECUESTRO POLÍTICO es sin duda benévolo con quienes cometieron el secuestro. Mi preocupación es que este tratamiento confirma la acusación sobre el sesgo que tiene la JEP respecto de crímenes cometidos por las FARC:

 

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Tratar el secuestro como político lamentablemente construye la idea de que es un instrumento válido de la controversia política y que de alguna manera es simplemente un sacrificio que algunos deberán soportar con el propósito de que todos vivamos mejor. Es claramente la instrumentalización de la dignidad de una persona con fines políticos.

 

La JEP, sin embargo no corrigió y contestó mi reclamo con varios comentarios así, invitándome a leer y recordándome que la Sala de Reconocimiento no juzga y que además ellos no podrían calificar las conductas punibles.

 

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Con esta contestación de la JEP, en donde salen con las respuestas ya aludidas, tuve que seguir en la controversia, recordándole al Tribunal que el Código Penal colombiano no contempla el delito de secuestro político y que es inaceptable para las propias víctimas que se considere el crimen que cometieron como un delito de carácter menor.

 

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Así pues no existió más remedio que hacer público para la JEP dos textos importantes: El artículo 7 del acuerdo de Roma sobre la Corte Penal Internacional y el artículo 169 del Código Penal, en donde por una parte se establece que el secuestro es un delito de lesa humanidad y en ningún caso político y que el secuestro extorsivo, con fines políticos o publicitarios tiene incluso una pena mayor que el secuestro simple.

ESTATUTO DE ROMA

Artículo 7

Crímenes de lesa humanidad

  1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
  2. a) Asesinato;
  3. b) Exterminio;
  4. c) Esclavitud;
  5. d) Deportación o traslado forzoso de población;
  6. e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
  7. f) Tortura;

 

Código Penal Artículo 169. Secuestro extorsivo

El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

 

Polémica en Colombia por el calificativo de “político” que le dio la Justicia Especial Para La Paz a los secuestros cometidos por las Farc por más de medio siglo. El analista Nicolás Uribe recordó que en el Código penal colombiano “no” existe el secuestro con carácter político y que se trata de un crimen de lesa humanidad.

“Con la calificación de ‘político’, lo que hace la JEP es empezar a dar la idea a la sociedad de que, en alguna manera, los secuestros eran de carácter humanitario”, señaló el analista Nicolás Uribe.

Recientemente, un congresista del ahora partido Farc aseguró que el ataque terrorista de hace 20 años  contra la población de Mitú y los policías que protegían a los civiles, no fue una masacre, sino un “acto de guerra”.

El antropólogo y doctor en sociología, Fabián Sanabria criticó estas declaraciones al indicar que “las cosas hay que llamarlas por su nombre” como parte de la reconciliación de la sociedad.

“Este país tiene que tratar de no echarle más leña al fuego (…) llamar las cosas por su nombre, tenemos que oír todas las versiones, y claro que hubo delitos de lesa humanidad”, apuntó.

Por su parte Armando Acuña ex secuestrado de las Farc quien entregó su testimonio como víctima ante la JEP criticó que además en Colombia se le permita rendir homenaje a excabecillas de las Farc dados de baja como alias “Mono Jojoy” y alias “Alfonso Cano”.

 

 

 

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Una nueva edición se ha publicado del famoso Doing Business del Banco Mundial. Con este, Colombia ajusta ya tres años de deterioro consecutivo en su posición global y se ubica en el puesto 65 entre 190 economías que se evalúan en el estudio. Nos encontramos en la mitad de la tabla, por debajo de Chile (56) y México (54) y apenas por encima de Costa Rica (67) y Perú (68). Venezuela (188) y Bolivia (156) son ejemplo elocuente de los efectos perversos de una ideología que tiene como principio de la acción política el maltrato a la empresa. Nuestro país, para hablar con franqueza, es un destino poco atractivo para la inversión, pues por encima nuestro se encuentran alternativas más seguras, más confiables y con mejores instituciones.

 

A Colombia le va bien en materia de obtención de créditos (3) y protección de inversionistas minoritarios (15), pero terriblemente mal en materia de cumplimiento de contratos (177) y pago de impuestos (146). Frente al informe del 2017, empeoramos en seis de los diez indicadores y bajamos seis lugares.

 

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Recuperamos sus lectores a Mauricio Rojas, escritor y político chileno, que con alguna frecuencia deleita con sus visitas a quienes participamos de conversatorios sobre la democracia liberal, la economía de mercado y sus virtudes, la amenaza que representa el populismo y demás materias que estudia, domina con habilidad y explica virtuosamente a sus contertulios.

Lo recuperamos para nuestro disfrute intelectual luego de que debiera renunciar al Ministerio de las Culturas y las Artes tan solo 94 horas después de haber llegado al cargo por invitación del presidente Piñera y tras una rápida y feroz embestida orquestada por la izquierda radical chilena que logró caricaturizarlo como un impresentable.

Su pecado fue haberse atrevido a mencionar en años anteriores que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, donde se presentan los abusos y crímenes de la dictadura y se hace un homenaje a sus víctimas, omitía lamentablemente explicar también las razones por las cuales se había llegado al golpe de Estado del 73 que finalmente habría de conducir a tantos abusos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones inaceptables a los derechos humanos. En su último libro, que apenas ha visto la luz hace unos días, Rojas narra precisamente esos momentos de maltrato insoportable, con el cual buscaron cobrarle no tanto sus palabras, que sabían eran manipuladas abusivamente, sino el haberse deslindado y renunciado abierta, pública y elocuentemente de aquella ideología que en Chile, a través de Allende y empujada por desórdenes, apropiaciones de tierras y amenazas a la propiedad privada, pretendió dar el “salto cualitativo” para convertir a ese país en una segunda Cuba.

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La actitud de los ciudadanos frente a los temas públicos está haciendo que gobernar a Colombia con responsabilidad en cualquier nivel territorial sea una tarea impopular y casi imposible. Y la razón es simple. La gente exige con impaciencia derechos sin límite, mientras desconoce el entorno, no oye razones, renuncia a sus obligaciones y pretende incluso que el Estado solucione lo que cada cual, con algo de fuerza de voluntad, sería capaz de resolver.

 

Estamos entrando en una época en la cual nos comportamos como niños, donde se quieren las cosas pero no sus consecuencias y se exige, además, que todo llegue de manera inmediata. Es paradójico: a pesar de que cada día nos demuestra lo contrario, creemos que el Estado es un semidios que todo lo puede, y que su sola voluntad es suficiente para que nuestras realidades cambien y podamos, ahí sí, garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos. Claro está, nuestros niveles de exigencia no tienen relación alguna con nuestras limitaciones fiscales e institucionales, y resulta franca y abiertamente impopular proponer mecanismos para contribuir a superarlas.

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Esta semana finalmente fue publicado el informe de 2017 sobre el monitoreo de cultivos ilícitos adelantado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Su contenido pasó por los medios sin pena ni gloria, seguramente por cuanto ya no es noticia afirmar que nadamos en coca.

 

En todo caso, vale la pena leer el informe, en tanto no sólo contiene los datos sobre el incremento exponencial de la siembra de coca en los últimos años, sino que además está lleno de datos y cifras que en su conjunto son el relato perfecto de la desidia que el gobierno anterior tenía por el tema. El reporte es demoledor con la política oficial, y si no fuera tan diplomáticamente crítico y no estuviera lleno de logos de Naciones Unidas, podría hasta pensarse que tiene origen en cualquier pluma afilada de la oposición.

Nicolás Uribe Rueda fue representante a la Cámara y hoy en día es consultor de Asuntos Públicos y de Gobierno. Acudimos a él con el propósito de continuar con nuestra misión de analizar y entender el liderazgo dentro del Congreso de la República.

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Red Líder: ¿Cuál es la importancia del Congreso para la democracia colombiana?

Nicolás Uribe: El Congreso es una institución fundamental, que a pesar de que no genera mucho entusiasmo ante la ciudadanía, cumple un papel verdaderamente relevante en la configuración de nuestros derechos y en la garantía de nuestras libertades. Sin él, no estaríamos asistiendo a una democracia, sino básicamente a una serie de poderes totalitarios que no tienen quién los controle. La gente cree que porque vivimos en libertad vamos a vivir en libertad todos los días de nuestra vida, y la verdad es que la fragilidad de nuestras instituciones, y de las que hemos visto en el vecindario, nos demuestran todos los días que aunque debemos mejorar lo que tenemos, lo que tenemos es mejor que la ausencia absoluta de ese tipo instituciones. Estas garantizan que el país pueda tener libertades, desarrollo económico, libertad de empresa, y que podamos hacer básicamente lo que a cada uno le parezca mientras que no se enfrente directamente a la Constitución o la ley.

7 Sep 2018 – 3:20 PM

Por: Nicolás Uribe Rueda


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Por fin parece estar abriéndose camino un nuevo consenso ante el problema del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y se vislumbra la posibilidad de regular una actividad que debe tener restricciones con ocasión de su naturaleza y la manera en que llega el producto a las manos de los consumidores. El debate se empieza a sacudir finalmente de todas las mentiras que lo vienen acompañando desde hace lustros, cuando se sostuvo de manera sistemática, por ejemplo, que cualquier opción para controlar la actividad buscaba la penalización por la puerta de atrás y equivaldría a la judicialización y encarcelamiento de adictos y consumidores.

Es también notorio en el ambiente el cambio de actitud ciudadana ante el denominado “derecho al consumo”, y se percibe el cansancio y la reacción de la sociedad frente a quienes pretendieron confundir el libre desarrollo de la personalidad con la promoción de una actividad nociva para la salud, que en no pocas ocasiones fue presentada como liberadora, inocua y bonachona. El abuso en el debate en sus épocas de mayor calentura logró incluso presentar a los no consumidores como retrógrados, morrongos, pacatos y hasta pusilánimes; seres totalitarios imbuidos de creencias religiosas perniciosas cuya misión era imponer una idea de sociedad a la medida de sus preferencias y en contravía de la libertad de todos los demás.

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Es difícil encontrar un etiquetamiento tan burdo, tonto e inútil como el que surgió por cuenta del plebiscito de 2016, en donde se impusieron las categorías de amigos de la paz y de la guerra. Aún estamos viviendo los efectos de tan nefasta división y lo cierto es que se perdió la oportunidad de construir de manera mayoritaria un consenso que nos permitiera a todos sentirnos cómodos con las dosis de justicia, verdad y reparación que todo proceso de paz implica.