Nicolás Uribe Rueda

Tal como lo anuncié en anterior columna, hoy presento algunas de mis impresiones sobre el borrador firmado entre el Gobierno y las Farc en materia de participación política.

En primer lugar, vale la pena advertir que, a pesar de su nombre, el acuerdo no aborda la cuestión fundamental sobre la habilitación de los miembros de las Farc para la actividad política. Este tema será tocado cuando se llegue al punto sobre “el fin del conflicto” y es ahí donde se acordarán la suerte y condiciones de jefes y combatientes que quieran dedicarse a la política. En segundo lugar, es necesario mencionar que este acuerdo no tiene como objetivo fundamental abrir espacios formales para la participación de los miembros de las Farc en el Congreso, asambleas o concejos municipales. Salvo la concreta alusión a las circunscripciones transitorias especiales de paz (cuyo número aún no se define), no hay una sola concesión directa a las Farc, para que por derecho propio y sin pasar por las urnas puedan llegar a corporaciones públicas o cargos uninominales de elección popular.

En virtud del acuerdo, eso sí, parece hacerse cada vez más claro que las Farc no van por la toma de los partidos políticos y las instancias nacionales o locales de decisión. La médula del texto negociado se ocupa del fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales y comunitarios, a quienes se les abren espacios de participación y se beneficia a través de capacitación, otorgamiento de medios de comunicación comunitarios, asistencia técnica y apoyo económico para el desarrollo de sus proyectos, entre otras muchas cosas.El sueño de las Farc no es, por tanto, el de llegar a tener el partido político más votado con mayorías parlamentarias y candidaturas sólidas en las regiones. Su objetivo es construir una red de movimientos sociales y comunitarios que, sin ser mayoría política, les permita participar y obstaculizar, al mejor estilo del “abuso de la consulta previa”, la mayor cantidad de decisiones que se tomen en las instancias democráticamente conformadas. La guerrilla, una vez desmovilizada y sin armas, tiene la intención de crear una “parainstitucionalidad política”, que en virtud de los acuerdos debe ser convocada para la toma de decisiones y la búsqueda de “consensos” en la definición de las tareas públicas, en donde su principal objetivo será el de bloquear cualquier iniciativa que no tenga la bendición de sus fundamentalismos ideológicos.El resto del acuerdo aborda vagamente posiciones ya planteadas en el vigente debate sobre garantías democráticas, reestructuración de la organización electoral, seguridad para quienes desarrollan actividad de oposición en democracia y mecanismos para la creación y el apoyo a nuevos partidos políticos; mucho de lo cual, por cierto, requiere una reforma constitucional que derogue la mayoría de lo aprobado desde el año 2003 y que se profundiza en el proyecto de equilibrio de poderes.Así las cosas, el acuerdo es apenas un exordio de lo que habremos de oír y discutir en el futuro, pues de los temas fundamentales en la negociación, este documento trae pocos.

Nicolás Uribe Rueda

Abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en Política Internacional en American University de Washington D.C., y Política Pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Vitoria. Consejero Presidencial 2002-2004 y Representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Consultor en Asuntos Públicos y de Gobierno a través de su firma Valure, fundada en 2011. Panelista de Blu Radio y columnista de El Espectador

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