Mes: enero 2018

Por: Nicolás Uribe Rueda

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En febrero de 2013 Raúl Castro se reeligió para un nuevo mandato de cinco años que anunció sería el último. Dos años después, se refirió al tema y reiteró su decisión afirmando que no llegaría a tatarabuelo desde el poder, que los cubanos podrían cansarse de él y que por tanto el 24 de febrero de 2018 se dedicaría a atender a su familia. El pasado 21 de diciembre, sin embargo, el régimen decidió aplazar por dos meses el retiro del dictador de 86 años y confirmó para el 19 de abril, día en el que se conmemora el fracaso de la invasión de la bahía de Cochinos, la nueva fecha para el retiro del señor Castro. La explicación, poco fiable, como todo lo que a la postre se incluye en las declaraciones oficiales del régimen, estuvo asociada a los destrozos del huracán Irma: “El azote del huracán es un acontecimiento imprevisible, excepcional e imposible de evitar, y estas razones del hecho acontecido devienen en causa sobrevenida que fundamenta la necesidad de extender el término del mandato de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su VIII Legislatura”, manifestó el vocero de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea cubana.

Lo cierto, sin embargo, es que los candidatos a la Asamblea Nacional, que “eligen” al Consejo de Estado, que a su vez nombra al presidente de la isla, no han solicitado 54 días de licencia para irse de retiro social voluntario con el propósito de contribuir en las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán. La realidad es que el plan de transición de Raúl, estructurado de manera minuciosa durante tantos años, parece no estar funcionando y se enfrenta, de manera irremediable, a una realidad inevitable: no hay forma de garantizar la continuidad de un régimen totalitario de carácter hereditario y personalista cuando desaparece el tirano.

Por: Nicolás Uribe Rueda

2018

Antes de que acabara el año, anoté con ilusión mis aspiraciones personales para el 2018 y confieso que me esforzaré para cumplirlas. Asimismo, hice mis propósitos, y espero alcanzarlos, como también pretendo desatrasarme de algunos que llevo en las alforjas de años anteriores.

Me dediqué luego a labores de pitonisa, saqué en limpio algunas de mis predicciones para 2018 y finalmente decidí atreverme y compartirlas con ustedes. Advierto, eso sí, que son pocas las posibilidades de acertar, pues como ya sabemos, Colombia se supera a cada instante, y aquello que nos parecía imposible se vuelve en breve nuestro pan de cada día. Ahí les dejo, pues, algunos de estos temas que valdría la pena tener en el radar:

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Con el arranque de la campaña presidencial ya estamos viendo documentos y propuestas concretas en materia de salud, educación, pensiones, infraestructura, seguridad, productividad y tantas cosas más. Para ser francos, los electores vamos a contar con una amplia baraja de candidatos que representan posturas diversas sobre los problemas nacionales; desde aquellos que se inspiran y se nutren del socialismo del siglo XXI, hasta quienes defienden el mercado y las libertades individuales. Lo cierto es que hay candidatos para todos los gustos y de todos los pelambres.

Es poco probable, sin embargo, que la gente decida su voto en razón a alguna propuesta temática específica y, por el contrario, es previsible que la implementación de los acuerdos de La Habana y la lucha contra la corrupción sean no sólo los asuntos más visibles durante la campaña, sino también los factores decisivos en la conformación de la voluntad electoral de los ciudadanos. A ello contribuyen el desafío cínico y sistemático de las Farc a la verdad y a la inteligencia de la gente y la presencia diaria de escándalos de corrupción que afectan a todos los poderes públicos.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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El jueves pasado terminó el plazo que había creado el Acto Legislativo No. 1 de 2016 para que el Congreso aprobara de manera abreviada y en trámite especial las normas y reformas constitucionales que requería la implementación del acuerdo de paz de La Habana.

Desde el 1º de diciembre del año pasado y hasta hace dos días se presentaron en el Congreso 22 proyectos de ley y acto legislativo. Fueron en total siete reformas constitucionales, 11 leyes ordinarias, dos leyes estatutarias y dos orgánicas.

Durante este periodo se aprobaron 11 normas, entre las cuales están el estatuto de la oposición, las normas que reglamentan la JEP (reforma constitucional y ley estatutaria), la ley de innovación agropecuaria y la reforma constitucional de monopolio de armas. También culminaron su trámite la norma que busca blindar los acuerdos de La Habana por tres periodos constitucionales, la ley de amnistía y la reforma constitucional que garantiza las diez curules al partido de las Farc durante dos periodos constitucionales. Se retiraron o archivaron tres proyectos, en donde se destaca la reforma política, que terminó hundida al no poder superar la tentación de ser utilizada para adecuar la Constitución al interés particular de algunos políticos en las próximas elecciones. El resto, es decir siete, se quedaron a mitad del camino y será el Congreso quien determine su trámite y si es necesario retirarlos o si debe continuar su discusión en medio de la combinación de trámites ordinario y especial.

Por: Nicolás Uribe Rueda

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Desde que empezaron a publicarse borradores sobre los acuerdos de La Habana, he venido comentando algunos temas que considero pueden significar una amenaza real para el desarrollo de Colombia. He expresado, por ejemplo, el riesgo de la desinstitucionalización por la vía de la creación de espacios participativos comunitarios paraestatales, y comentado asuntos concretos que postran el desarrollo agropecuario. Sin embargo, ha sido difícil plantear discusiones de altura, cuando de entrada se supone que detrás de las palabras existe una agenda política que se escuda en cualquier cosa para oponerse por principio a una negociación de paz con las Farc. Ahí la discusión muere y generalmente arrancan las descalificaciones.

Sin embargo, hay un elemento que no deja de sorprenderme y es el buenismo que existe entre algunos a la hora de interpretar el comportamiento de las Farc, una vez entradas en democracia. Para los buenistas, ese grupo de personas para las cuales pensar mal resulta políticamente incorrecto, los miembros de las Farc, una vez dejaron las armas, también de facto se desprendieron de la cultura de la ilegalidad en la que vivían y adoptaron los códigos éticos, morales y legales propios de los ciudadanos de bien, personas que participan en democracia, buscan vivir en paz, respetan las señales de tránsito, pagan sus impuestos, no compran contrabando y trabajan honradamente para sacar a sus familias adelante.

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La rebelión de Atlas

Leí por primera vez La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, hace casi diez años, y con frecuencia visito las anotaciones y subrayados que dejé en aquellas páginas maravillosas. Con cada nueva lectura se actualizan las reflexiones y, claro está, la inevitable comparación entre la situación colombiana y su estado de ánimo con la trama descrita en la novela, en donde el intervencionismo de Estado y la ética mayoritaria terminaron por asfixiar la iniciativa privada y colapsando el sistema social.

En esta oportunidad, coincidió mi lectura con la nueva publicación del informe “Doing Business” del Banco Mundial y el Informe Nacional de Competitividad. Más allá del análisis para Colombia, las recomendaciones de política y la comparación con los datos de años anteriores, creo valioso referirme al estado de ánimo o, mejor, de animadversión que existe hoy en el país contra todo lo que produzca, genere riqueza, cree empleo y sea fuente de oportunidades.

Es extraño, pero como sucedía en la novela de Rand, empieza a consolidarse la tesis de que la riqueza es un síntoma de inmoralidad que debe ser castigado por las autoridades y perseguido por la sociedad, mientras la necesidad se vuelve la fuente de todo derecho. Por eso se toleran las violaciones de la ley cuando los infractores se escudan en causas sociales y se persigue sin tregua a quienes crean empresa, estableciendo para ellos un régimen de requisitos y cargas incumplibles, altamente onerosos y con frecuencia incompatibles entre sí. La sobrerregulación estatal desestimula la inversión y crea conflictos irresolubles: se suben los costos a los empresarios y al mismo tiempo se les fustiga porque no venden barato, claro está, a la medida de las necesidades de la gente.