Mes: abril 2015

NIcolás Uribe Rueda

Desde este semana, más de ocho millones de estudiantes en todo el territorio nacional no tienen clase por cuenta de la decisión de Fecode de iniciar un paro indefinido de maestros. El Gobierno, a través de la ministra Parody, salió de manera firme a enfrentar la situación y hábilmente extendió la discusión a asuntos que van más allá del pliego de peticiones que generó el cese indefinido de funciones.

Entre los asuntos que puso en la mesa, la ministra planteó la necesidad de discutir sobre la calidad de la educación, los sistemas de evaluación y la deficiente prestación del servicio de salud de los docentes. En materia salarial se dijo que nadie en el Gobierno ponía en duda la necesidad de un aumento y que de hecho en las negociaciones que precedieron el paro había sobre la mesa una oferta para incrementar el 10% durante los próximos cuatro años. Esto es bastante, aunque parezca poco frente a las aspiraciones de los profesores. Ya veremos si en la actual coyuntura económica al Gobierno le dan las cuentas para hacer ofertas superiores a las realizadas cuando llegue el momento de levantar el paro.

Pero las dificultades de la educación en Colombia son mucho más complejas que las reivindicaciones sindicales de Fecode, y resulta por lo menos contradictorio dejar sin clases a millones de niños mientras se dice defender la prestación de un buen servicio. No sólo es correcto privilegiar el derecho de los niños a educarse sobre la protesta de algunos profesores, sino que hace bien el Gobierno en plantear incrementos salariales atados a mejoras en la calidad del servicio. Los recientes índices sintéticos de calidad que publicó el Ministerio son francamente deplorables, pues en todos los niveles educativos hay puntajes inferiores a seis, en una escala de uno a diez. Entendiendo que los maestros no son los únicos responsables y que la calidad de la educación responde a múltiples causas, actores y factores, lo que corresponde en momentos de dificultad no es que Fecode convoque paros, sino que promueva reflexiones que permitan contribuir a dar un salto en la calidad de nuestra educación. Pedir aumento sin condiciones, después de tan decepcionantes resultados en las evaluaciones de calidad, equivale a que un niño pida premio luego de haber perdido el año.

15 – 07:14 AM / DURACIÓN: 0:20:19

Foto: Juan Jacobo Castellanos Blu Radio
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15 – 07:14 AM / DURACIÓN: 0:20:19 ¿Hay que ponerle límites al proceso de paz con las FARC? Foto: Juan Jacobo Castellanos Blu Radio
Luego del ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca, en que el grupo guerrillero asesinó a 11 soldados en la madrugada del pasado miércoles, el presidente Juan Manuel Santos decidió reanudar bombardeos a los campamentos de las Farc; sin embargo, diversos sectores de la sociedad colombiana consideran que la medida no es suficiente pues se debería tomar la determinación de dar un ultimátum al proceso de paz con el grupo guerrillero en La Habana, Cuba. Vea también: Choque entre Martín Santos y Jerónimo Uribe en Twitter por masacre de soldados

Al respecto, Vanesa de la Torre, indicó que esta sería una medida “un poco populista”, pues considera que “en este momento a cualquier persona que le digan que hay que poner límites y ultimátum al proceso de paz, es irrefutable. Es defender el proceso de paz en un momento tan delicado como este es muy complicado, pero la realidad es que los procesos de paz que han tenido éxito en el mundo se han demorado mucho tiempo, no han sido proceso con decisiones tomadas en medio del dolor y fervor”.

Felipe Zuleta señaló que estos ataques se pueden dar en medio del proceso de paz, pues “se entiende que estamos en medio de la guerra, pero la diferencia es que si el Gobierno no toma una decisión sobre esto los colombianos le van a exigir al presidente, incluso pueden pedirle la revocatoria, quién sabe para dónde cojan estas cosas”. Vea también: Soldados gritaban y lloraban: habitante de zona donde asesinaron 11 militares

Néstor Morales, por su parte, dijo que “lo que Vanesa llama populismo, a final de cuentas, se traduce para el Gobierno en respaldo popular a su proceso de paz, y ese proceso es válido en la medida en que sea apoyado”.

Ricardo Ospina, añadió que “la guerrilla de las Farc se ha caracterizado por dilatar siempre las negociaciones y ese es un aprendizaje de otros procesos. Andrés Pastrana hasta último momento intentó salvar el fracaso del Caguán hasta que secuestran un avión con un congresista”. Vea también: Me dijo que les tenían prohibido disparar: madre de soldado muerto en Cauca

Además, Nicolás Uribe opinó que “la historia en Colombia ha demostrado que las Farc no han sido los que han buscado llegar a un acuerdo”.

Juan Lozano apuntó que el “proceso de paz nació con un plazo que el mismo Gobierno se dejó burlar, posición que apoya Aurelio Suárez, pues “las negociaciones tienen una dinámica que van marcando el ritmo del proceso”.

Nicolás Uribe Rueda

CUANDO LOS CONSTITUYENTES del 91 decidieron establecer que la soberanía residía en el pueblo, introdujeron también una serie de normas que le daban contenido.

Entre otras cuestiones, se buscó que el ciudadano participara activamente en la gestión de los asuntos públicos y su participación no se redujera al simple ejercicio de elección de sus representantes.

Los mecanismos de participación son muestra de ello y entre los mismos se destaca el derecho de revocar a los alcaldes y gobernadores que incumplen sus programas de gobierno. El voto programático y la revocatoria del mandato son pues expresión de la democracia participativa y de la voluntad de no desvincular a los elegidos de sus electores una vez concluya el proceso electoral. Con ocasión de este mandato constitucional, se expidieron las leyes 131 y 134 de 1994, en donde se estableció que para revocar a alcaldes y gobernadores era necesario que la votación general de la revocatoria alcanzara al menos el 60% de los votos sufragados en el día de la elección. Luego de 20 años en que ningún proceso de revocatoria tuvo éxito, se redujo al 55% por medio de la ley 741 de 2002 y en 2012 al 40% en proyecto de ley estatutaria que aún no ha sido sancionado por no haber culminado su trámite de control previo de constitucionalidad.

Nicolás Uribe Rueda

Pecan por ingenuos quienes creen que en Colombia no se hace política en las aulas y que la libertad de cátedra no sufre de abusos constantes por parte de quienes confunden deliberadamente el rigor académico con la alfabetización política.

Así ha quedado demostrado en las últimas semanas, cuando varios estudiantes hicieron públicos videos de sus maestros que, posando de intelectuales, trataban de inculcar determinada opción política, quedando muy bien como activistas pero pésimamente como profesores.

Pues sí. Resulta lamentable que en algunas instituciones educativas no se entienda que el papel del profesor y de la universidad no es el de sumar adeptos para determinada causa, sino el de dar herramientas a los estudiantes para que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones. Adoctrinar políticamente en las aulas no es la máxima expresión de la autonomía universitaria como algunos han sostenido en estos días, sino su más vil perversión, pues se renuncia al método científico y se rompe de facto con la idea de que la enseñanza debe hacerse de manera desinteresada, objetiva y neutral frente a asuntos controversiales. Permitirlo no sólo no es ético, sino también profundamente antidemocrático: la educación debe servir para brindar a los estudiantes las herramientas para saber cómo pensar, no para decirles qué pensar y mucho menos bajo la arbitraria y latente amenaza de las notas y calificaciones.

MARZO 19 – 2015 – 08:43 AM / DURACIÓN: 0:29:17

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Luego de que la canciller María Ángela Holguín rechazara las acciones unilaterales emprendidas por el Gobierno estadounidense contra 7 funcionarios de Venezuela, los panelistas de Mañanas BLU discutieron la conveniencia de esa posición en el plano de la diplomacia internacional.

Nicolás Uribe asegura que la posición crítica ante los Estados Unidos termina por favorecer al gobierno en Venezuela, ya que son usadas por este para replicar ante la opinión pública las perspectivas de representantes de otros gobiernos latinoamericanos que terminan por favorecer a su causa.

Andrés Mejía opta por la posición de que debe haber un silencio prudente y pragmático ya que no sirve al interés del país la injerencia en asuntos internos de cualquier otro gobierno, o en el plano bilateral, si bien consideró que las acciones de Estados Unidos constituyen un error.

Sandra Borda, por su parte, no encuentra ninguna posición de defensa directa del gobierno de Maduro en las declaraciones de la Canciller, y ratifica las declaraciones de Holguín en el sentido de que la intervención unilateral va en contra del derecho internacional en todos los casos.

Juan Lozano siente que la posición del gobierno colombiano frente a los hechos en Venezuela es lamentable, teniendo en cuenta el curso de los hechos políticos y sociales recientes en ese país. Argumentó que el gobierno debería haber fijado una posición clara en defensa de los derechos políticos y las garantías en lugar de “sumarse al coro de aplausos a Nicolás Maduro”. Concluyó: “No me siento representado como colombiano con esa posición de la Canciller frente a Venezuela”.

Finalmente, Aurelio Suárez condenó la injerencia y aseguró que los procesos políticos internos deben ser respetados.