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Iván Duque llegó al Congreso hace 4 años y rápidamente se convirtió en un senador estrella. Deslumbró por su juicio, disciplina y don de gentes. En la opinión pública logró abrirse espacio como vocero de temas económicos y entre los medios de comunicación se volvió fuente calificada para comentar y discutir asuntos de relevancia nacional. Sus colegas lo eligieron en dos oportunidades como el mejor Senador y su partido rápidamente lo catapultó a lugares de privilegio, brindándole la oportunidad para que se luciera en debates, con proyectos de ley e intervenciones. Su papel en la oposición al plebiscito de 2016 lo volvió una figura nacional.

 

Respetuoso en el diálogo político con adversarios ideológicos, así como poco camorrero, decidió no comprar las peleas aquilatadas durante años por su grupo parlamentario, asunto que lo ubicó en el centro del Centro Democrático.

 

Repitió en su precampaña presidencial la metodología de talleres democráticos que llevó a Uribe a la Casa de Nariño en 2002 y superó luego a cinco copartidarios con quienes se midió en casi 40 debates regionales que terminaron con la definición de un candidato único seleccionado a través de un proceso de revisión de encuestas. En marzo, compitió por la candidatura definitiva ante Marta Lucía Ramírez y obtuvo más de 4 millones de votos, convirtiéndose así, en el candidato por fin oficial de una coalición de centro derecha que tenía serias posibilidades de llegar a la presidencia de Colombia.


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Nada más sobre diagnosticado en Colombia que la inequidad e inconveniencia de nuestro sistema tributario. Todo el mundo está de acuerdo en que lo que existe no sirve, y que lo adecuado sería pues una reforma tributaria estructural que convirtiera en progresivo, equitativo y transparente un marco normativo farragoso, disperso y lleno de injusticias y posibilidades de evasión. Como lo demuestran vergonzosamente las cifras, la inequidad en Colombia crece luego del pago de impuestos, indicador inaceptable para un sistema cuya naturaleza es la de redistribuir la riqueza en favor de los más pobres.

 

La carga fiscal está sobrecargada en el impuesto corporativo, haciendo de nuestro país un destino poco competitivo. Algo más de 3 mil quinientas empresas (el 0,35) pagan el 70% del total de los tributos, mientras que las personas naturales aportan el 6% de los ingresos fiscales nacionales, muy por debajo del promedio de América Latina y por supuesto, muy lejos de la OCDE que se acerca al 25% del total. Además, nuestro sistema tributario produce bajísimo recaudo respecto del PIB (menos del 20%) comparado con la OCDE (cerca al 35%) y el promedio latinoamericano (poco menos del 25%), donde sólo México y Perú nos superan por lo bajo.

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Polémica en Colombia ante revelador video en el que aparece el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro recibiendo una alta suma de dinero en efectivo.

Las imágenes fueron dadas a conocer por la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia en el debate sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia y ya están en poder de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.

Gustavo Petro respondió a través de twitter, reconoció que recibió el dinero, aseguró que provenía de un préstamo, que no tenía procedencia ilícita y que quien lo grabó buscaba chantajearlo con el video en el futuro.

En el programa La Noche, el senador de la coalición decentes Gustavo Bolívar, el exviceministro y exprecandidato presidencial, Rafael Nieto y el analista político y consultor de asuntos públicos y de gobierno, Nicolás Uribe, debaten sobre lo que representa este video, sus implicaciones jurídicas y las explicaciones que entregó el actual senador Gustavo Petro sobre las razones, la procedencia del dinero y las circunstancias en las que fue grabado recibiendo fajos de billetes en efectivo.

Redacción La Noche

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Parece inquebrantable la decisión del presidente Duque de jugársela a fondo por refundar las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, permitiendo así por fin que los partidos recuperen su importancia, el Congreso su independencia y los parlamentarios el papel de representar a sus regiones. Se acabó la época en la que el legislativo tenía que obedecer las decisiones del gobierno so pena de no ganar o perder los beneficios que traen las dádivas oficiales.  Cada loro en su estaca.

Se extingue pues la aplanadora oficial que se encendía y funcionaba a todo vapor durante el periodo de gobierno, con apenas los trastornos naturales del inconformismo de quienes se sentían maltratados en comparación con sus compañeros de curul. La aplanadora garantizaba las mayorías para las votaciones, definía el orden del día, archivaba proyectos y hasta elaboraba desde los computadores de los Ministerios las ponencias que se firmaban juiciosamente en el Congreso. Por cierto, la mermelada no sólo operaba para garantizar la aprobación de las normas, sino, sobre todo, para perpetuar a la clase política que las recibía, eligiendo primero a sus socios políticos en las elecciones regionales, con cuya mermelada local se garantizaba luego la reelección en el Congreso. Acabar con esta práctica viciosa, el presidente Duque lo tiene claro, es la verdadera reforma a la política.

Después de la Controversia sobre el tratamiento de la JEP al delito de secuestro, calificándolo como secuestro político, parece que la JEP ha corregido. En publicaciones posteriores parece haber decidido no calificar como político el secuestro. EL DEBATE VALIÓ LA PENA

 

Así empezó todo

En el ejercicio de sus competencias, desde hace algunos meses, la Jurisdicción Especial  para la Paz (JEP) viene desarrollando una serie de audiencias con víctimas del secuestro.

Estos eventos son publicitados por las redes sociales de la JEP de diversas maneras, como entrega de informes, audiencia o comparecencias. Independientemente del tipo de evento, la JEP  decidió denominar como SECUESTRO POLÍTICO el delito sobre el cual deberían rendir sus informes o declaraciones las víctimas del secuestro.

 

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Así por lo menos quedó impreso en varias  publicaciones de la JEP en donde actores políticos fueron invitados a declarar sobre la horrenda experiencia que vivieron ellos o sus familiares, muchos de los cuales fueron luego masacrados por sus secuestradores. Así las cosas, decidí preguntar a la JEP la razón por la cual denominaban así a este crimen de lesa humanidad, en tanto que este tratamiento de SECUESTRO POLÍTICO es sin duda benévolo con quienes cometieron el secuestro. Mi preocupación es que este tratamiento confirma la acusación sobre el sesgo que tiene la JEP respecto de crímenes cometidos por las FARC:

 

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Tratar el secuestro como político lamentablemente construye la idea de que es un instrumento válido de la controversia política y que de alguna manera es simplemente un sacrificio que algunos deberán soportar con el propósito de que todos vivamos mejor. Es claramente la instrumentalización de la dignidad de una persona con fines políticos.

 

La JEP, sin embargo no corrigió y contestó mi reclamo con varios comentarios así, invitándome a leer y recordándome que la Sala de Reconocimiento no juzga y que además ellos no podrían calificar las conductas punibles.

 

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Con esta contestación de la JEP, en donde salen con las respuestas ya aludidas, tuve que seguir en la controversia, recordándole al Tribunal que el Código Penal colombiano no contempla el delito de secuestro político y que es inaceptable para las propias víctimas que se considere el crimen que cometieron como un delito de carácter menor.

 

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Así pues no existió más remedio que hacer público para la JEP dos textos importantes: El artículo 7 del acuerdo de Roma sobre la Corte Penal Internacional y el artículo 169 del Código Penal, en donde por una parte se establece que el secuestro es un delito de lesa humanidad y en ningún caso político y que el secuestro extorsivo, con fines políticos o publicitarios tiene incluso una pena mayor que el secuestro simple.

ESTATUTO DE ROMA

Artículo 7

Crímenes de lesa humanidad

  1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
  2. a) Asesinato;
  3. b) Exterminio;
  4. c) Esclavitud;
  5. d) Deportación o traslado forzoso de población;
  6. e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
  7. f) Tortura;

 

Código Penal Artículo 169. Secuestro extorsivo

El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

 

Polémica en Colombia por el calificativo de “político” que le dio la Justicia Especial Para La Paz a los secuestros cometidos por las Farc por más de medio siglo. El analista Nicolás Uribe recordó que en el Código penal colombiano “no” existe el secuestro con carácter político y que se trata de un crimen de lesa humanidad.

“Con la calificación de ‘político’, lo que hace la JEP es empezar a dar la idea a la sociedad de que, en alguna manera, los secuestros eran de carácter humanitario”, señaló el analista Nicolás Uribe.

Recientemente, un congresista del ahora partido Farc aseguró que el ataque terrorista de hace 20 años  contra la población de Mitú y los policías que protegían a los civiles, no fue una masacre, sino un “acto de guerra”.

El antropólogo y doctor en sociología, Fabián Sanabria criticó estas declaraciones al indicar que “las cosas hay que llamarlas por su nombre” como parte de la reconciliación de la sociedad.

“Este país tiene que tratar de no echarle más leña al fuego (…) llamar las cosas por su nombre, tenemos que oír todas las versiones, y claro que hubo delitos de lesa humanidad”, apuntó.

Por su parte Armando Acuña ex secuestrado de las Farc quien entregó su testimonio como víctima ante la JEP criticó que además en Colombia se le permita rendir homenaje a excabecillas de las Farc dados de baja como alias “Mono Jojoy” y alias “Alfonso Cano”.

 

 

 

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Una nueva edición se ha publicado del famoso Doing Business del Banco Mundial. Con este, Colombia ajusta ya tres años de deterioro consecutivo en su posición global y se ubica en el puesto 65 entre 190 economías que se evalúan en el estudio. Nos encontramos en la mitad de la tabla, por debajo de Chile (56) y México (54) y apenas por encima de Costa Rica (67) y Perú (68). Venezuela (188) y Bolivia (156) son ejemplo elocuente de los efectos perversos de una ideología que tiene como principio de la acción política el maltrato a la empresa. Nuestro país, para hablar con franqueza, es un destino poco atractivo para la inversión, pues por encima nuestro se encuentran alternativas más seguras, más confiables y con mejores instituciones.

 

A Colombia le va bien en materia de obtención de créditos (3) y protección de inversionistas minoritarios (15), pero terriblemente mal en materia de cumplimiento de contratos (177) y pago de impuestos (146). Frente al informe del 2017, empeoramos en seis de los diez indicadores y bajamos seis lugares.

 

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Recuperamos sus lectores a Mauricio Rojas, escritor y político chileno, que con alguna frecuencia deleita con sus visitas a quienes participamos de conversatorios sobre la democracia liberal, la economía de mercado y sus virtudes, la amenaza que representa el populismo y demás materias que estudia, domina con habilidad y explica virtuosamente a sus contertulios.

Lo recuperamos para nuestro disfrute intelectual luego de que debiera renunciar al Ministerio de las Culturas y las Artes tan solo 94 horas después de haber llegado al cargo por invitación del presidente Piñera y tras una rápida y feroz embestida orquestada por la izquierda radical chilena que logró caricaturizarlo como un impresentable.

Su pecado fue haberse atrevido a mencionar en años anteriores que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, donde se presentan los abusos y crímenes de la dictadura y se hace un homenaje a sus víctimas, omitía lamentablemente explicar también las razones por las cuales se había llegado al golpe de Estado del 73 que finalmente habría de conducir a tantos abusos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones inaceptables a los derechos humanos. En su último libro, que apenas ha visto la luz hace unos días, Rojas narra precisamente esos momentos de maltrato insoportable, con el cual buscaron cobrarle no tanto sus palabras, que sabían eran manipuladas abusivamente, sino el haberse deslindado y renunciado abierta, pública y elocuentemente de aquella ideología que en Chile, a través de Allende y empujada por desórdenes, apropiaciones de tierras y amenazas a la propiedad privada, pretendió dar el “salto cualitativo” para convertir a ese país en una segunda Cuba.